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May 18, 2005

El proyecto de ley para un País Seguro y una Inmigración Ordenada de 2005 (S. 1033/H.R. 2330): Un breve repaso

American Immigration Lawyers Association

El 12 de mayo de 2005, los senadores John McCain (R-AZ) y Edward Kennedy (D-MA), y los representantes Jim Kolbe (R-AZ), Jeff Flake (R-AZ) y Luis Gutiérrez (D-IL) introdujeron el proyecto de ley para un País Seguro y una Inmigración Ordenada (Secure America and Orderly Immigration Act) de 2005 (S. 1033/H.R. 2330). Como reflejo del consenso universal en que nuestro sistema de inmigración no funciona, S. 1033/H.R. 2330 reformaría nuestras leyes de inmigración para que mejoren nuestra seguridad nacional y aborden las preocupaciones de los negocios y las familias estadounidenses. La propuesta legislativa contiene disposiciones que abordan los problemas que llevan tiempo plagando nuestro actual sistema de inmigración, como se explica brevemente a continuación.

El Título I del proyecto de ley crearía una estrategia nacional para la seguridad fronteriza y mejoraría la inteligencia en la frontera:
• ordenando el desarrollo y la implementación de varios planes e informes que se ocupen del intercambio de información, la coordinación internacional y federal-estatal-local, la tecnología, la lucha contra el tráfico y otras iniciativas de seguridad fronteriza;
• autorizando el desarrollo de un Comité Asesor sobre Seguridad Fronteriza integrado por varios interesados en la región fronteriza que ofrezcan recomendaciones al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional en relación con la seguridad fronteriza y los temas relacionados con la vigilancia;
• requiriendo al Secretario de Estado que ofrezca un marco para una mejor gestión, comunicación y comunicación entre los gobiernos de América del Norte, lo que incluye el desarrollo de acuerdos multilaterales para el establecimiento de un perímetro de seguridad norteamericano y la mejora de la seguridad fronteriza al sur de México.

El Título II del proyecto de ley reautorizaría el Programa Estatal de Asistencia a Delincuentes Extranjeros (State Criminal Alien Assistance Program) para los años fiscales 2005 a 2011 y dispone que dichos fondos sólo podrían emplearse para fines correccionales. Además, el Título II autoriza financiamiento adicional a los estados para el reembolso de los costos indirectos derivados del encarcelamiento de delincuentes extranjeros.

El Título III establecería un nuevo programa de visas para trabajadores esenciales con las siguientes características:
• una nueva visa temporal (H-5A) permitiría a los trabajadores extranjeros entrar en Estados Unidos y cubrir empleos disponibles que requieren escasas o ninguna calificación;
• los solicitantes tendrían que demostrar la disponibilidad de un empleo en Estados Unidos, pagar una tasa de $500 además de las tasas de solicitud, y pasar todos los controles de seguridad, médicos y de otro tipo;
• la visa H-5A sería válida durante 3 años, y podría renovarse una vez durante un total de 6 años; al final del período de visa, el trabajador tendría que regresar a su país o ponerse en la lista de espera para una tarjeta verde. La visa sería trasladable;
• el máximo inicial de visas H-5A sería de 400.000, con un ajuste gradual del tope annual en función de la demanda en años posteriores;
• un empleador podría patrocinar al titular de una visa H-5A para que obtenga la residencia permanente o, después de acumular 4 años de trabajo con una visa H-5ª, el trabajador podría solicitar la regularización por su cuenta;
• el proyecto de ley establece varias obligaciones del empleador conforme al programa, protecciones detalladas para el trabajador, y un sistema de vigilancia para contrarrestar las violaciones de estas disposiciones;
• el proyecto de ley crea un grupo de trabajo para evaluar el programa de H-5A y recomendar mejoras, y requiere la actualización del Banco de Trabajo de Estados Unidos para garantizar que los trabajadores estadounidenses son los primeros que ven las ofertas de empleo.
El Título IV se ocupa de la vigilancia y:
• requeriría que todas las nuevas visas emitidas por la Secretaría de Estado y los documentos relacionados con la inmigración emitidos por la Secretaría de Seguridad del Territorio Nacional sean biométricos, de lectura mecánica y resistentes a la falsificación, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley;
• ordenaría el establecimiento de un nuevo Sistema de Confirmación de la Elegibilidad para el Empleo que reemplazaría gradualmente al sistema I-9 existente, y que contendría ciertas salvaguardas para prevenir el uso ilegítimo del sistema, y un proceso por el que las personas particulares podrían corregir la información falsa;
• enmendaría la IIRIRA para disponer la recolección de información biométrica de lectura mecánica de los documentos migratorios de un extranjero a su llegada o salida de Estados Unidos, para determinar su condición de extranjero;
• ampliaría la autoridad investigativa del Departamento de Trabajo para que realice inspecciones al azar de empleadores y garantice el cumplimiento de las leyes laborales, e incluiría nuevas protecciones para los trabajadores y mayores sanciones para las prácticas ilegales de empleo.

El Título V está destinado a promover los patrones circulares de la migración:
• autorizando el establecimiento de Cuentas de Ahorro Independientes para los participantes en el nuevo programa de trabajadores temporales creado conforme al Título III;
• autorizando la creación de programas de facilitación de la migración de mano de obra con gobiernos extranjeros cuyos ciudadanos participen en el nuevo programa de trabajadores temporales. Los programas facilitarían el flujo de ciudadanos extranjeros a empleos en Estados Unidos, con un énfasis en el fomento de la reintegración de extranjeros que regresen a sus países de origen;
• fomentando que el gobierno de Estados Unidos colabore con México en la promoción de oportunidades para ciudadanos mexicanos en su país de origen, con el fin de reducir las presiones y los costos de la migración.

El Título VI promovería la unidad familiar y reduciría los retrasos, entre otras cosas:
• eximiendo a los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses del máximo de 480.000 visas anuales por relaciones familiares y reasignando las cifras de dichas visas;
• aumentando el número de visas por empleo de 140.000 a 290.000 anuales, reasignando la distribución de estas cifras y disponiendo la recuperación de las visas no utilizadas;
• aumentando los límites por país para los inmigrantes por familia o empleo;
• reduciendo los requisitos de ingresos para el patrocinio de familiares del 125% de las directrices federales de pobreza al 100%, y eliminando otros obstáculos para garantizar la justicia.

El Título VII dispone un mecanismo por el cual los inmigrantes indocumentados elegibles, presentes en Estados Unidos en el momento de la promulgación de ley, pueden obtener la condición temporal de no inmigrante (H-5B) con un período inicial de estancia de 6 años.
• los solicitantes tendrán que someterse a controles de antecedentes penales y de seguridad, presentar huellas y otros datos, pagar una multa y establecer un historial laboral previo en Estados Unidos. Los cónyuges y los hijos también podrán regularizarse de acuerdo con esta sección;
• el proyecto de ley dispone un mecanismo subsiguiente por el que los no inmigrantes con H-5B podrían obtener la residencia permanente si cumplen el requisito de un posible empleo, pagan una multa y cumplen otros criterios de elegibilidad adicionales. Una vez más, los cónyuges y los hijos podrían obtener dicha residencia.


El Título VIII intenta proteger a las personas del fraude migratorio definiendo quién es un representante autorizado para fines de representación en una cuestión migratorio y disponiendo el derecho a obtener la condición de no inmigrante “U” para ciertas que hayan sufrido un perjuicio sustancial en manos de un representante no autorizado.

El Título IX se ocupa de la integración ciudadana, autorizando el establecimiento de una Fundación sobre la Ciudadanía de Estados Unidos, así como un programa competitivo de donaciones que para financiar clases de civismo e inglés.

El Título X promovería el acceso a la atención sanitaria extendiendo la autorización del reembolso federal a los hospitales que ofrecen atención sanitaria a inmigrantes indocumentados, y agregando a los trabajadores con visas H-5A y H-5B a la lista de personas por las que se puede rembolsar a los hospitales.

El Título XI comprende disposiciones varias, entre ellas disposiciones que:
• requerirían informes periódicos al Congreso sobre el uso de los programas de trabajadores creados conforme a la ley;
• dispondrían la distribución de las tasas y multas pagadas por los solicitantes de visas H-5A y H-5B;
• incluiría a los trabajadores con visas H-5A y H-5B en la categoría de personas protegidas por las disposiciones contra la discriminación de la INA;
• dispondría la condición de inmigrante especial a ciertas mujeres y niños que corran riesgo de daño.


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Posted by VisaLawyer at May 18, 2005 09:31 AM

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