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April 23, 2005

Reforma integral de la inmigración: Importante propuesta legislativa será introducida, AILA

LA CUESTIÓN: La mayoría coinciden en que nuestro actual sistema de inmigración no funciona y necesita desesperadamente una reforma; que un sistema efectivo es esencial para nuestra seguridad nacional de manera que sepamos quién está en nuestro país y podamos mantener fuera a los que pretenden hacernos daño; y que necesitamos la reforma ahora. El acuerdo llega hasta ahí, sin embargo, y los opuestos a la inmigración continúan defendiendo la aplicación de nuestro sistema gravemente disfuncional. ¿Cuáles son los síntomas de este sistema disfuncional? Familias de ciudadanos y residentes legales permanentes en Estados Unidos separadas durante muchos años; negocios que no pueden traer a los trabajadores que necesitan; y un estatus quo que no cubre nuestras necesidades de seguridad.

Necesitamos una reforma integral que aporte seguridad, orden y legalidad a la inmigración. Dicha reforma incluiría: un ajuste merecido para las personas que viven aquí, trabajan y contribuyen a la economía de Estados Unidos; un programa de visas que “rompa moldes” y permita a los trabajadores esenciales entrar en Estados Unidos de manera segura, legal y rápida sin desplazar a trabajadores estadounidenses; y reducciones de los retrasos en la inmigración relacionada con la familia. Las propuestas que no adoptan estos tres componentes y buscan sólo aumentar la aplicación del actual sistema inviable sólo perpetuarán y exacerbarán los problemas actuales.

ANTECEDENTES: Varias medidas fueron introducidas en el 108º Congreso y el Presidente Bush anunció, en enero de 2004, la propuesta de reforma de la inmigración de su gobierno. El Presidente también anunció, en enero de 2005, su intención de aprobar la reforma de la inmigración durante el 109º Congreso. Varias de las medidas introducidas en el último período de sesiones del Congreso incluyeron:

Proyecto de ley demócrata de reforma integral de la inmigración: El 4 de mayo de 2004, el Senador Edward Kennedy (D-MA), los representantes Robert Menéndez (D-NJ) y Luis Gutiérrez (D-IL), y otros introdujeron un proyecto de ley de reforma integral de la inmigración denominado Proyecto de Ley de Visas Legales y Aplicación de la Ley Seguras y Ordenadas (Safe, Orderly Legal Visas and Enforcement (SOLVE) Act) de 2004. Este proyecto de ley incluye medidas necesarias para la reforma: un ajuste merecido para las personas elegibles que ya viven y trabajan en Estados Unidos, reunificación familiar mediante la reducción de los retrasos y un nuevo programa para trabajadores temporales que rompa moldes. El proyecto de ley habría mejorado nuestra seguridad al: hacer que la inmigración sea compatible con el Estado de Derecho y permitir que nuestras agencias encargadas de hacer cumplir la ley se concentren en los terroristas y los criminales en lugar de en los trabajadores y las familias. La medida también habría fomentado la legalidad en nuestras fronteras y fortalecido nuestra capacidad de inteligencia y nuestra habilidad para verificar documentos y comprobar identidades.

El Proyecto de Ley SOLVE dissponía un ajuste merecido para los inmigrantes que residieran en Estados Unidos cinco o más años desde la entrada en vigor de la ley y pudieran demostrar que han acumulado 24 meses de empleo (lo que incluye el autoempleo) en Estados Unidos y han pagado impuestos. También habrían sido elegibles el cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años del solicitante principal. Estas solicitudes se habrían adjudicado fuera de los límites numéricos sobre las visas de inmigrantes, y se habrían anulado las razones para la no admisión relacionadas con la situación de inmigrante indocumentado. Los solicitantes se habrían sometido a controles de antecedentes penales y chequeos médicos, se habrían registrado en los Servicios Selectivos y habrían tenido que demostrar conocimientos de inglés y educación cívica, o que estaban cursando estudios para adquirir dichos conocimientos. Los solicitantes habrían podido viajar y trabajar con permiso mientras estuviera pendiente su petición. El proyecto de ley también habría dispuesto la revisión administrativa y judicial de las peticiones denegadas. Los solicitantes que hubieran llevado menos de cinco años residiendo en Estados Unidos tendrían derecho, después de un control de antecedentes, a un estado transitorio de tres años de duración, durante el cual podrían trabajar con permiso y viajar al extranjero. Una vez que hubieran acumulado 24 meses de trabajo, habrían tenido derecho a regularizar su situación.

El Proyecto de Ley SOLVE abordaba la necesidad de reducir el retraso en la inmigración basada en la familia, entre otras medidas: eximiendo a los familiares más cercanos del máximo de 480.000 visas por vínculos familiares e incluyendo a los cónyuges e hijos de los residentes permanentes en esta categoría; respondiendo a las desigualdades derivadas de los máximos de visas por país mediante la asignación, fuera de los máximos por país o mundiales, para los inmigrantes que llevan más de cinco años esperando; recuperando las visas por vínculos familiares no utilizadas en cualquier año y sumándolas a las de años futuros son límites numéricos por país o mundiales; reduciendo la prueba de ingresos para la declaración de apoyo del 125 por ciento al 100 por ciento del nivel de pobreza; y anulando las prohibiciones temporales sobre el reingreso en el país.

El Proyecto de Ley SOLVE asumía la necesidad de legalizar los futuros flujos de inmigrantes mediante la reforma del actual programa de H-2B y la creación de un nuevo programa de H-1D. Ambos programas estaban dirigidos a los trabajadores con bajas cualificaciones o semicualificados y excluían a los trabajadores que pudieran obtener otras visas. Los trabajadores con H-1D hubieran dispuesto de 250.000 visas con incrementos bianuales, renovables durante dos períodos adicionales (seis años en total). Los trabajadores con H-2B hubieran dispuesto de 100.000 visas con incrementos cada nueve meses, renovables hasta 40 meses. Estos programas no habrían expirado. Los familiares más cercanos habrían podido acompañar a los trabajadores con H-2B y H-1D, pero sólo habrían tenido derecho a trabajar si ellos mismos hubieran cualificado para una visa H-2B, H-1D o de otro tipo. Además, habrían tenido derecho a cambiar a otro trabajo con H-2B o H-1D después de tres meses. Es importante destacar que estos programas incluían una vía para la residencia permanente. Un empleador habría podido solicitar la residencia permanente para un trabajador en cuanto se inicie el empleo o un trabajador habría podido presentar su propia solicitud después de dos años de empleo. Las visas para inmigrantes incluidas en este programa no se habrían descontado de los máximos numéricos.

Estos programas para trabajadores también incluían un proceso reforzado de atestiguación mediante el que los posibles empleadores habrían tenido que atestiguar que no había trabajadores estadounidenses disponibles, y que el empleo de trabajadores extranjeros no habría afectado adversamente a los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses. Los trabajadores extranjeros sólo habrían podido responder a una oferta de trabajo de un empleador que hubiera cumplido sus obligaciones con el Departamento de Trabajo (DOL). El DOL también habría tenido autoridad para implementar los términos del programa mediante inspecciones y auditorias (así como denuncias). Los trabajadores con H-2B y H-1D habrían podido ejercer su derecho a emprender acciones judiciales contra los empleadores que incumplieran las disposiciones y los requisitos del programa. Además, los empleadores de H-2B y H-1D habrían tenido que pagar el salario imperante, de acuerdo con el acuerdo de negociación colectiva de la empresa o, en su ausencia, conforme a las Leyes de Servicio Davis Bacon y McNamara-O’Hara. Si el empleo no estuviera cubierto por estas determinaciones del salario imperante, éste habría sido la media del 66% por ciento más elevado de los datos salariales suministrados por la Encuesta sobre Empleo Ocupacional de la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics Occupational Employment Survey) del DOL.

Este proyecto de ley también incluía una respuesta al fallo de la Corte Suprema en el caso Hoffman Plastics sobre pagos atrasados, compensación laboral y asuntos relacionados. Finalmente, el proyecto de ley incluía un estudio de los programas de H-2B y H-1D que habría examinado, entre otros asuntos, la evaluación apropiada del mercado laboral para proteger a los trabajadores estadounidenses, la formula apropiada para el cálculo de salarios y la repercusión positiva y negativa de los programas. El estudio también habría reevaluado el programa y presentaría recomendaciones al Congreso.

Proyecto de ley respaldado por ambos partidos en el Senado: S. 2010, el Proyecto de Ley de Reforma de la Inmigración de 2004, introducido en enero de 2004 por los senadores Chuck Hagel (R-NE) y Tom Daschle (D-SD), también incluye los componentes necesarios para la reforma integral de la inmigración. Este proyecto de ley compartió un marco similar y muchas disposiciones del Proyecto de Ley SOLVE. S. 2010 fue importante porque se trataba del primer proyecto de ley de reforma integral respaldado por ambos partidos, y dicho respaldo es esencial para que una medida sea aprobada por el Congreso. Aunque AILA estaba preocupada por algunas de sus disposiciones, el Proyecto de Ley de Reforma de la Inmigración articulaba el objetivo de crear un sistema de inmigración compatible con nuestros valores, nuestras tradiciones y nuestras necesidades.

El Proyecto de Ley de Reforma de la Inmigración incluía algunas, pero no todas, las disposiciones del Proyecto de Ley SOLVE. Con respecto a la reunificación familiar, el proyecto de ley incluía lo siguiente: los familiares más cercanos ya no se sustraen del máximo de 480.000 personas autorizadas, los cónyuges e hijos menores de edad de residentes legales permanentes fueron reclasificados como familiares más cercanos, se abordan ciertas razones para la admisibilidad y la elegibilidad derivada se expande a todos los familiares más cercanos.

El Proyecto de Ley de Reforma de la Inmigración de 2004 también incluía un programa para “trabajadores dispuestos” (Willing Worker) que reformaba el actual programa de H-2B y crea un nuevo programa de H-2C (similar al programa de H-1D del Proyecto de Ley SOLVE). Esta propuesta legislativa era similar al Proyecto de Ley SOLVE en tanto en cuanto que limitaba el programa de H2-B a 100.000 visas. Sin embargo, este número se habría reducido a 66.000 después de cinco años. La admisión de titulares de visas H-2B se limitaba a nueve meses en cualquier período de 12 meses (con un máximo de 36 meses en cualquier período de 48 meses, frente a los 40 meses del Proyecto de Ley SOLVE). El nuevo programa de H-2C era un programa de dos años renovable durante dos años más, en contraste con el programa de H-1D del Proyecto de Ley SOLVE, renovable durante dos períodos adicionales de dos años. El programa tenía un máximo de 250.000 visas anuales. A diferencia del Proyecto de Ley SOLVE, este programa habría expirado a los cinco años de la emisión de las regulaciones. S. 2010 requería una atestiguación para ambas visas y los empleadores tendrán que cumplir ciertos requisitos relativos a la búsqueda de trabajadores estadounidenses. Se permitía la intención doble con respecto a las visas y el estado derivado está disponible en ambos casos.

S. 2010 incluía un régimen de aplicación diferente al del Proyecto de Ley SOLVE. Las protecciones dispuestas por el proyecto de ley para los trabajadores incluían un mecanismo de denuncia por el que el DOL y el Departamento de Asesoría Especial en materia de Prácticas de Empleo Ilegales relacionadas con Inmigrantes (Office of Special Counsel for Inmigration-Related Unfair Employment Practices, OSC) del Departamento de Justicia habría investigado las denuncias y ofrecido mediación y, en ciertos casos, conocerán los casos y las apelaciones. Los grupos empresariales y los sindicatos habrían podido solicitar a estos trabajadores. El proyecto de ley también creaba una comisión para revisar el impacto del programa e informar de las determinaciones salariales. Los pagos por las peticiones y las solicitudes estaban en una escala variable que dependía del número de trabajadores solicitados por el empleador.

Al igual que el Proyecto de Ley SOLVE, S. 2010 incluía un ajuste merecido para aquellos que cumplan varios requisitos como: presencia física en el país durante cinco años antes de la introducción de la propuesta legislativa y cumplimiento de un requisito de empleo anterior. A diferencia del Proyecto de Ley SOLVE, S. 2010 también incluía un requisito de futuro empleo (como máximo un año después de la entrada en vigor de la ley). S. 2010 también obligaba al pago de impuestos sobre la renta o acuerdo con el departamento de hacienda (Internal Revenue Service, IRS) para el pago de todas las deudas pendientes, y el pago de una tasa de 1.000 dólares (frente a los 500 del Proyecto de Ley SOLVE). Entre otras disposiciones de este ajuste merecido se encontraban: los cónyuges y los hijos menores de edad tenían derecho a regularizar su situación junto con el solicitante principal; se incluían garantías administrativas y de revisión judicial, además de ciertas excepciones al igual que ciertas excepciones y razones para la admisibilidad, en reconocimiento de los problemas generados por leyes anteriores; y, para fomentar la participación de los empleadores, éstos no tenían una obligación tributaria sujeta a acciones judiciales civiles o penales por el empleo de estas personas. Los trabajadores que cumplieran el requisito de la presencia en el país, pero nos las exigencias laborales, podrían acogerse a una situación transitoria durante tres años con autorización para el empleo y permiso para viajar, y habrían tenido derecho a solicitar la residencia permanente.

Otras propuestas legislativas: Los proyectos de ley introducidos por los representantes Flake (R-AZ) y Kolbe (R-AZ) y el Senador McCain (R-AZ) (H.R. 2899/S.1461) y el Senador Cornyn (R-TX) (S. 1387) también representaron importantes avances para lograr la reforma. Es muy significativo que senadores de estados fronterizos reconocieran la necesidad de algún tipo de ajuste merecido para las personas elegibles que viven en Estados Unidos así como de un programa para trabajadores. También es significativo que estos senadores reconocieran, como explicó claramente el senador McCain, que nuestro país no pueda lograr la seguridad en sus fronteras sin una reforma de nuestras leyes de inmigración. Sin embargo, en sus iniciativas faltaban disposiciones que habrían reducido los retrasos en la inmigración basada en la familia. Se espera que las futuras versiones de estas medidas incluyan dichas disposiciones.

S. 1461/H.R. 2899 habría permitido que los inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos se conviertan en trabajadores temporales legales, permitiéndoles cambiar de empleo y ofreciéndoles una opción para obtener la residencia legal permanente a través de una petición patrocinada por un empleador o individual. Sin embargo, estas medidas parecían englobar a los que entrarían dentro de los actuales programas de H-2A, H-2B y H-1B (sin cancelar estos programas). (AILA creía que se debería haber tratado por separado a los trabajadores agrícolas y los profesionales extranjeros.)

En concreto, S. 1461/H.R. 2899 habría creado dos nuevas categorías de visas para trabajadores: las categorías de trabajadores temporales H-4A y H-4B. Los trabajadores con H-4A habrían sido admitidos inicialmente durante un período de tres años, renovable por otros tres años. Los empleadores habrían tenido que intentar contratar a trabajadores estadounidenses antes de presentar una petición para un trabajador con H-4A y volver a anunciar el empleo antes de presentar una petición de extensión. Los trabajadores con H-4A podrían cambiar de empleo y tienen derecho a solicitar la residencia permanente. Los familiares más cercanos de trabajadores con H-4A no podrían acompañarles a no ser que también tuvieran una visa H-4A. La propuesta legislativa también creaba un registro electrónico de empleo para satisfacer los requisitos de contratación y anunciar los puestos a trabajadores extranjeros, así como un sistema de confirmación de la elegibilidad para el empleo que habría confirmado la identidad y el permiso de trabajo de una persona. Tanto el registro de empleo como el sistema de confirmación de la elegibilidad eran iniciativas ambiciosas que planteaban muchas preocupaciones porque nuestro gobierno todavía tiene que crear una base de datos que funcione adecuadamente. Además, la propuesta legislativa no dejaba claro el funcionamiento del registro—específicamente, cómo los trabajadores estadounidenses y extranjeros habrían tenido acceso a él y por lo tanto cómo iban a casar trabajadores dispuestos con empleadores.
S. 1461/H.R. 2899 también habría ofrecido la oportunidad de que las personas indocumentadas soliciten la visa temporal H-4B. Dichas personas tendrán que haber entrado a Estados Unidos antes del 1 de agosto de 2003, y residido de manera irregular en el país desde esa fecha hasta la petición de la visa H-4B. Estas personas también tienen que haber estado empleados desde esa fecha ya hasta la fecha de solicitud, o ser cónyuges o hijos de un trabajador con H-4B. Para solicitar la residencia permanente, habrían tenido que mantener la validez de su visa H-4B durante tres años y pedido entonces un cambio a una visa H-4A. Cuando obtengan la visa H-4A, habrían podido solicitar la residencia permanente mediante el patrocinio de un empleador o de manera individual. Teniendo en cuenta los requisitos de esta sección, a un trabajador con H-4B le llevaría entre tres (improbable) y nueve años obtener la residencia permanente.

El proyecto de ley del Senador Cornyn (S. 1387) crearía un programa de trabajadores invitados con cualquier país que adopte un acuerdo con Estados Unidos. Los trabajadores participantes en el programa habrían podido obtener una visa “W” y cubierto empleos vacantes en Estados Unidos. El programa habrían englobado el empleo de temporada y general, sin limitaciones sobre el tipo de empleo para el que se habrían podido utilizar las visas W. Los trabajadores de temporada invitados habrían tenido un límite de estancia de 270 días por año, y el resto de 12 meses—con la posibilidad de dos extensiones de un año. Se habría exigido a los trabajadores que regresen durante seis meses a sus países de origen antes de volver a solicitar la visa. Los no inmigrantes con visa W que hubieran participado en el programa durante tres años seguidos habrían tenido derecho a solicitar la residencia legal permanente desde sus países de origen. Se establecería la prioridad en función de un sistema de puntos, que tendría en cuenta factores tales como si el trabajador había sido patrocinado, había recibido ascensos y aumentos salariales, pagado impuestos, dominaba el inglés, tenía formación académica y se había abstenido de cometer actos ilícitos. AILA no respaldaba las disposiciones de S. 1387 que no limitaban los tipos de empleo cubiertos por las visas W. Creemos que este proyecto de ley no debería haber cubierto a los trabajadores agrícolas ni los profesionales extranjeros. Además, los requisitos de S. 1387 que ordenan que los trabajadores con visas W regresen a sus países de origen para solicitar la residencia permanente mediante un sistema de puntos habrían afectado a la fuerza laboral y, al infundir un grado considerable de incertidumbre, habrían limitado por lo tanto la participación de posibles trabajadores.

El apoyo del Presidente Bush a la reforma: El 7 de enero de 2004, el gobierno de Bush desveló su propuesta sobre inmigración que reflejaba la opinión del Presidente sobre las importantes contribuciones que los inmigrantes han hecho a nuestro país. Sin embargo, el gobierno no ha proseguido con la iniciativa, ni con debates sobre las propuestas ni buscando su introducción en el Congreso. La propuesta de reforma del gobierno consiste esencialmente en un programa de trabajadores temporales sin límite de admisiones para “aparear a los trabajadores extranjeros dispuestos con los empleadores estadounidenses dispuestos cuando no se pueda encontrar ningún estadounidense para llenar las vacantes”. El programa habría concedido el estado legal temporal a los participantes y permitido que los que trabajen se queden en Estados Unidos durante un plazo de tres años, renovable por un período sin especificar. Inicialmente, el programa habría estado abierto tanto a las personas indocumentadas como a los trabajadores extranjeros que viven fuera del país (y se restringirá a los que viven en el extranjero en una fecha futura sin determinar). Los empleadores estadounidenses habrían tenido que hacer esfuerzos razonables por encontrar a trabajadores de Estados Unidos. De acuerdo con esta propuesta, los participantes habrían podido ir y volver de sus países de origen y “disfrutar de las mismas condiciones laborales que la ley requiere para los trabajadores estadounidenses”. La propuesta también incluía incentivos para que estas personas regresen a sus países de origen y defendía un aumento de la vigilancia en los lugares de trabajo y un incremento sin especificar de la inmigración legal.

Aunque se conocen éstas y otras disposiciones generales del plan, otras disposiciones de la propuesta generaron dudas sobre el acceso a la residencia legal permanente. Otras preocupaciones estaban relacionadas con la posibilidad de que el programa hubiera abordado adecuadamente otros asuntos importantes tales como los largos retrasos en la inmigración ilegal. La propuesta tampoco se pronunció sobre la necesidad acuciante de reducir los retrasos en la inmigración basada en la familia.

SITUACIÓN ACTUAL: A mediados de enero de 2005, el Presidente Bush volvió a pedir la reforma de la inmigración, señalando su intención de dedicar capital político este año a forzar el debate en el Congreso porque “tenemos un problema en Estados Unidos”, y nuestra situación actual es una “pesadilla burocrática” que tiene que resolverse. Siguió señalando que: “Tenemos a gente viviendo en la sombra de nuestra sociedad, y tenemos una patrulla fronteriza demasiado estresada porque tenemos a gente fluyendo a través de la frontera. El sistema se ha roto. Y creo que legalizando a trabajadores, aliviamos mucho la presión en nuestras fronteras”.

Se espera la introducción de medidas para la reforma integral de la inmigración respaldadas por ambos partidos tanto en la Cámara como en el Senado. Es importante que tanto el Comité Judicial como el Subcomité de Inmigración del Senado tenga a nuevos líderes: el Senador Arlen Specter (R-PA) es el nuevo presidente del Comité Judicial del Senado y el Senador John Cornyn (R-TX) es el nuevo presidente del Subcomité.

LA POSICIÓN DE AILA: Nuestro sistema de inmigración tiene que funcionar para el país. El Congreso tiene que ocuparse de esta cuestión porque la situación actual es inaceptable. AILA apoya una reforma que refleje lo siguiente:

1. La reforma de la inmigración tiene que ser integral: Dado que muchos de los problemas del actual sistema de inmigración de Estados Unidos están interrelacionados, la reforma tiene que ser integral para lograr abordar las necesidades y las realidades de nuestro país. Dicha reforma es necesaria, especialmente en el ambiente posterior al 11 de Septiembre donde la mejora de la seguridad es fundamental, y tenemos que compatibilizar nuestra seguridad con el flujo continuo de personas y mercancías. Nuestro sistema actual se caracteriza por familias separadas durante largos períodos y por empresarios estadounidenses incapaces de traer a los trabajadores necesarios. Algunas personas se ven obligadas a vivir en la clandestinidad, ocultándose del gobierno por miedo a que los separen de sus familias o a perder sus empleos. El actual sistema de vigilancia no previene la inmigración ilegal, y valiosos recursos que deberían dedicarse a la mejora de nuestra seguridad se desperdician en impedir que esforzados trabajadores ocupen los empleos vacantes en Estados Unidos. Nuestro sistema de inmigración necesita una reforma para que la legalidad sea la norma y la inmigración sea legal, segura, ordenada y compatible con las necesidades de las familias, los negocios y la seguridad nacional de Estados Unidos.

2. La reforma de la inmigración es un componente importante de la mejora de nuestra seguridad nacional: Una reforma de la inmigración que legalice a las personas trabajadoras que ya están en el país y cree un nuevo programa para trabajadores ayudará a que el gobierno de Estados Unidos concentre sus recursos en la mejora de la seguridad, no en la detención de estas personas que cubren los empleos vacantes en el mercado laboral estadounidense o intentan reunirse con sus familiares más cercanos. Además, abordar la situación de los que se encuentran en Estados Unidos fomentaría que las personas salgan de la clandestinidad y se sometan al examen de nuestro gobierno. Un nuevo programa de visas creará un flujo legal mediante el cual los trabajadores podrán entrar y salir de Estados Unidos. La legalidad resultante de estas iniciativas contribuirá a nuestra seguridad nacional al ayudar a concentrar los recursos en aquellos que pretenden causarnos daño. Dicha legalidad también facilitará las iniciativas de vigilancia, al permitir que nuestro gobierno concentre sus recursos. La aplicación de un sistema disfuncional sólo ha conllevado mayor disfunción, no una mejora de la aplicación de la ley.

3. La reforma de la inmigración tiene que incluir un programa de ajuste merecido para las personas elegibles que se encuentren en Estados Unidos sin autorización: Las personas que trabajan duro, pagan impuestos y contribuyen al país deberían poder obtener la residencia permanente. Esta reforma estabilizaría la mano de obra de los empresarios estadounidenses, fomentaría que las personas salgan de la clandestinidad para someterse al examen de nuestro gobierno, y permitiría que los inmigrantes trabajen y viajen legalmente y reciban un trato igualitario. Muchos de ellos llevan años aquí, pagan impuestos, tienen familias (que normalmente incluyen a cónyuges y niños ciudadanos o residentes permanentes legales), contribuyen a sus comunidades y son esenciales para las industrias en las que trabajan. Para poder unir a las familias y mantenerlas juntas, los inmigrantes deben disponer de exenciones apropiadas dentro de las razones para la admisión y la deportación.

4. La reforma de la inmigración tiene que incluir un nuevo programa de visas para trabajadores temporales: Las leyes actuales de inmigración no responden a las necesidades de nuestra economía ni la necesidad de un programa que aborde los flujos futuros, para que la inmigración sea segura, legal y ordenada. Un nuevo programa de autorización temporal ofrecerá a los trabajadores la oportunidad de trabajar cuando los necesiten y la mano de obra necesaria para seguir siendo competitivos a los empleadores. Dicho programa facilitará las visas legales, la unidad familiar, el pleno disfrute de los derechos laborales, la movilidad laboral y una vía para obtener la residencia permanente y la ciudadanía con el tiempo, sin desplazar a trabajadores estadounidenses. Disminuirá significativamente la inmigración ilegal en el futuro ofreciendo a los trabajadores una vía legal para entrar en Estados Unidos y regresar, como muchos desean, a sus países, comunidades y familias de origen.

5. La reforma de la inmigración tiene que abrir vías legales para la inmigración basada en la familia o los negocios: Nuestro sistema de inmigración se ha caracterizado por largos retrasos en la inmigración basada en la familia y los negocios. La inmigración ilegal es un síntoma de un sistema que no reunifica a las familias ni tiene en cuenta las condiciones económicas en Estados Unidos y el extranjero. Para garantizar un proceso ordenado en el futuro, nuestro sistema tiene que reducir los obstáculos burocráticos y las restricciones indebidas de la inmigración legal permanente. El desarrollo de un mayor flujo de inmigrantes legales aumentará el orden y la legalidad de la inmigración, permitiendo que más personas se reúnan con sus familias y trabajen legalmente en Estados Unidos, y facilitando que las leyes, las políticas y los trámites migratorios sean justos, igualitarios y eficientes. Es esencial legalizar una futura inmigración que, de otro modo, se produciría igualmente de manera ilegal.

6. Las iniciativas para la reforma de la inmigración tienen que contar con fondos adecuados: Para lograr su objetivo, la reforma de la inmigración tiene que contar con fondos adecuados. El Congreso aprueba con frecuencia nuevas leyes de inmigración sin asignar los debidos fondos y con mecanismos complicados y conflictivos, que han contribuido a largos retrasos y servicios inefectivos, ineficientes e injustos. Las reformas tienen que ir acompañadas de mandatos claros y fondos adecuados en forma de asignaciones directas del Congreso.

Posted by VisaLawyer at April 23, 2005 12:00 AM

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